“Comisario Reynders, las operaciones posmodernas contra el Estado de derecho no necesitan tanques”, advierte Pagazaurtundua al responsable de Justicia europeo en una extensa carta, en la que explica esta “operación de impunidad” que negocian del Gobierno en funciones y sus “socios secesionistas”.

Pagazaurtundua ha ido informando al comisario en los últimos años de “cada paso de la operación populista contra el Estado de derecho emprendida por Sánchez”, un “largo historial” que “desemboca en el intento ahora de amnistiar el 1-O y los graves delitos que se cometieron, por el interés del presidente de mantenerse en el poder”.

Asimismo, le explica cómo el líder de ERC, Oriol Junqueras, dio por el hecho que la amnistía se incluía en el acuerdo alcanzado con el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso. Además, afea que Sánchez, “lejos de negarlo”, aseguró que lo ocurrido en 2017 en Cataluña fue “una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización”.

Así, recalca que la amnistía “no cabe” en la Constitución, ya que “significa un cambio de paradigma que altera radicalmente el concepto jurídico presente”. En este caso, supondría “invertir el sistema democrático porque supondría aceptar que el ataque a la convivencia, a la separación de poderes y la comisión de delitos fue legítimo y que no debió ser respondido por la vía penal”.

"OPERACIÓN DE IMPUNIDAD"

A su vez, la eurodiputada de Ciudadanos recuerda las decisiones y reformas que ha ido tomando el Gobierno de Sánchez hasta llegar a las declaraciones en que expresa “la voluntad de invertir las bases del Estado de derecho”, entre ellas los indultos a los líderes del ‘procés’ y la derogación de la sedición, la modificación de la malversación.

Pagazaurtundua expone a Reynders que la amnistía fue plantada ya en 2019 por los líderes independentistas catalanes, poco antes de unas elecciones en las que Sánchez no obtuvo resultados suficientes para gobernar, y dirigentes socialistas rechazaron después esta posibilidad, como el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, “destituido dos semanas después de afirmar que no cabe en la Constitución”.

También el Congreso, con Meritxell Batet como presidenta, rechazó tramitar una propuesta de ley de amnistía, y “Batet acaba de anunciar oportunamente su abandono de la política”. Ante esta situación, Pagazaurtundua pregunta a Reynders si va a actuar la Comisión “contra la voluntad ya expresada por Sánchez de utilizar a su antojo el poder judicial”.

Al mismo tiempo, quiere saber si la Comisión puede permanecer “indiferente” ante “una operación de impunidad de esta envergadura de un gobierno en funciones” y si en la Unión Europea es admisible que un gobernante exprese públicamente que la persecución de delitos “depende de su propio interés político”.