Jean Laurent, ciudadano francés asentado en España, fue una de las figuras fundamentales en la historia de la fotografía en el país y un referente internacional como pionero de este arte en Europa. En 1856, abrió su propio negocio en la Carrera de San Jerónimo en Madrid, junto al Congreso de los Diputados, lo que le permitió fotografiar a numerosos políticos de la época, llegando ser fotógrafo de la Casa Real.

El fondo de la Casa Laurent fue adquirido por el Ministerio de Cultura en 1976, un material compuesto de miles de negativos antiguos de vidrio que, según denunció CSIF, “se encuentran en proceso de descomposición por las condiciones de humedad que padece el edificio situado en la Universidad Complutense de Madrid por la puesta en marcha de un nuevo sistema de climatización que puede acabar destruyéndolos”.

El sindicato señaló que “la conservación de todo este material ha sido adecuada hasta este año”, cuando el IPCE “decidió poner en funcionamiento los sistemas de climatización recientemente instalados”, los cuales “no tienen control autónomo de humedad”.

En ese sentido, CSIF explicó que las placas de vidrio al colodión (donde quedan fijados los negativos, mediante un procedimiento fotográfico muy utilizado en la segunda mitad del siglo XIX) han de conservarse en unas condiciones de entre el 30% y el 40% de humedad.

En lugar de eso, la humedad del aire se ha elevado a más del 60% “de manera continuada” en los últimos cinco meses, mientras los cristales “han comenzado a sufrir un proceso de deterioro que puede acabar destruyéndoles”.

CSIF explicó que ha denunciado esta situación al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, habiendo recibido “una escueta respuesta”, que reza como sigue: “La Subdirección General de este organismo y la propia Dirección General del Patrimonio vienen adoptando desde un primer momento las soluciones técnicas adecuadas para la adecuada conservación”.

Ante esta situación, el sindicato ha decidido dirigirse a la comunidad internacional de conservadores para concitar apoyos, comunicar su denuncia a la opinión público e iniciar una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios. Al mismo tiempo, está estudiando “acciones legales para frenar esta situación y preservar este importante patrimonio”.