Según explicaron desde el sindicato, la ILP pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del real decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

En este sentido, indicaron que, por este artículo, “aún queda vigente el recorte en la paga extra” de los trabajadores públicos, que se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces, etc.); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros, etc.) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos, etc.).

“Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta 5 meses”, apostillaron desde la organización sindical, asegurando que las cantidades totales ascienden a 30.000 millones de euros y afectan a 2 millones de personas en todas las administraciones. “Esta situación se suma a la pérdida global del 18 por ciento del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación”, añadieron desde CSIF.