En un comunicado, el sindicato más representativo del personal funcionario, rechazó "derivar la gestión a empresas públicas o a empresas de terceros países, ante la inseguridad jurídica en el tratamiento de los datos personales" y pidió "respeto y protección" a la labor del personal funcionario frente al debate político que ha suscitado la Ley de Memoria Democrática Madrid, 1 de julio de 2026.

El CSIF reclamó de este modo un "refuerzo urgente" del personal de los consulados de España en Latinoamérica ante "el riesgo de colapso por las decenas de miles de solicitudes registradas para obtener la nacionalidad española", que cifró en 2,5 millones de solicitudes.

Según datos recabados por CSIF en las embajadas con mayor volumen de trabajo la plantilla es la siguiente: México (114, de los cuales 18 son funcionarios), Argentina (200, 20 funcionarios, respectivamente) y Cuba (65, 18 funcionarios). Y explicaron que los expedientes de nacionalización siempre los ficha el cónsul, una circunstancia que dicen ha provocado que se esté estudiando recabar el apoyo de personal externo de empresas públicas como Ineco, en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del gobierno del país (por la que se deben tramitar todas las contrataciones de personal local por parte de España). Algo similar está sucediendo en España con Tragsa/Tragsatec para ayudar en el proceso de regularización de personas extranjeras, denunciaron.

Destacaron asímismo que la legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera. "Este principio garantiza la objetividad, imparcialidad y profesionalidad en la actuación", insistieron.