Así lo avanzó el presidente de CSIF, Miguel Borra, en una rueda de prensa para presentar el X Congreso del sindicato que tendrá lugar el jueves en Granada, así como su hoja de ruta para iniciar la negociación en la Administración con el Ejecutivo.

Borra subrayó la “necesidad” de que el Gobierno marque “ya el calendario de negociación” y criticó que “la sensación que tenemos es que está todo supeditado a la ley de amnistía”. “Los servicios públicos no pueden esperar al tiempo político”, advirtió, de modo que si el Ejecutivo no activa la negociación en las administraciones públicas “habrá movilizaciones durante la primavera en toda España”.

Adelantó que “en cuestión de 15 días” el sindicato dará respuesta, en el caso de que el Gobierno no haya presentado un calendario de negociación. Así, reconoció que esperan solventar “en cuestión de semanas” la “parálisis del Gobierno en las administraciones”. Además, alertó de que “España necesita unos Presupuestos y cumplir con el Plan de Recuperación para recibir los fondos de la Unión Europea”.

También recalcó que “la inestabilidad parlamentaria y la incertidumbre política no son excusa para que los empleados públicos sigan sin recibir la subida salarial de 2024”, en relación con la subida del 2% acordada para los funcionarios este año y el 0,5% variable ligado al PIB.

En ese sentido, Borra aseguró que no aceptarán “ningún acuerdo que implique pérdida de poder adquisitivo”, ya que "en 2022 y en 2023 hemos perdido seis puntos", y “en 2024 vamos a volver a perder poder adquisitivo con la subida del 2%”. Así, reprochó que desde 2010 los funcionarios han perdido “más del 20% de poder adquisitivo”, con lo que no accederán a medidas que no impliquen empezar a recuperarlo.

REDUCIR LA TEMPORALIDAD

Respecto a la reducción de la temporalidad en la Administración, el presidente del sindicato indicó que “tenemos un 31% de temporalidad en las administraciones públicas”, con lo que “vemos difícil” llegar “al compromiso del 8% que tenemos con la Unión Europea a 31 de diciembre de este año”. Para ello, reclamó eliminar “de inmediato” la tasa de reposición, que ha sido “la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal”.

Manifestó que en la última década la Administración pública ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos cinco o diez años.

Como peticiones “urgentes”, el sindicato destacó “despolitizar las administraciones públicas”, en busca de una Administración “ajena a los intereses políticos”. En ese sentido, propuso que “hasta el puesto de director general sea por carrera administrativa”, ya que “personal de confianza está ocupando todos los cargos”, y “se mueven con criterios políticos y no técnicos”.

A ello añadió la “reforma en profundidad del Estatuto Básico del Empleado Público” para establecer en la normativa básica aspectos como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial y la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito. También exigió un nuevo acuerdo con Muface para evitar que se reduzca la calidad asistencial sanitaria que reciben los funcionarios.