En este sentido, el sindicato plantea cuatro ejes con medidas para "blindar" la educación pública: "Al menos 7.000 euros anuales por estudiante, homogeneización de contenidos en toda España, reducir la temporalidad docente al 8 por ciento, Estatuto Docente y eliminar la brecha territorial".

Para ello, CSIF anunció que en las próximas semanas iniciará una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado "que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española".

Según el informe España sigue empeorando sus resultados, con caídas en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias y plantean "enormes diferencias" entre las comunidades autónomas.

El documento se presentó este martes, coincidiendo con el inicio del curso para la mayoría de los 8 millones de alumnos españoles. Ante el regreso a las aulas, CSIF también denunció "la mala situación" del sistema educativo, "en un contexto caracterizado por la alta conflictividad laboral, la precariedad del profesorado, compromisos incumplidos (como la bajada de ratios), falta de financiación y escasez de medios para atender a los alumnos con necesidades especiales".

MOVILIZACIONES

Como respuesta a esta situación, CSIF ha convocado un calendario de movilizaciones en toda España y no descarta la convocatoria de huelga "en defensa de la escuela pública y de unas condiciones dignas para el profesorado". La primera movilización será el próximo 15 de septiembre con una concentración en Madrid frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

CSIF lamentó también que el curso escolar comience "sin que los docentes hayan visto un solo avance real en sus condiciones", pues "los grandes compromisos (como el Estatuto Docente, la equiparación retributiva o una reducción efectiva de ratios y horarios) siguen bloqueados o aplazados". En este sentido, el sindicato lamentó que la ley de reducción de ratios y horarios no empiece a aplicarse hasta el curso 2027-2028 ("un año después de lo acordado con los sindicatos", subrayó), y que su despliegue completo se prolongará por fases hasta el curso 2031-2032.

CEUTA

"La situación es especialmente complicada en Ceuta, cuyas aulas ya cuentan con ratios elevadas y con necesidades importantes", por lo que CSIF reclama que la protección del alumnado sea "la prioridad" para garantizar una vuelta segura a las aulas. Por ello, exige que los centros estén "adecuadamente preparados, con personal suficiente y que los docentes cuenten con especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado".