CSIF estimó que unas 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23% de las plazas ofertadas para estabilización aún no se han cubierto y “miles de plazas todavía no se han convocado”. Para el sindicato, esta situación responde a la “ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones”.

Asimismo, denunció que supone “un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021 ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024”.

En lo que respecta a la sentencia del TJUE, CSIF apuntó que recuerda que la cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone necesariamente la conversión automática en relación fija, pero “exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para evitar prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada”.

Además, determina que será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra conforme a las leyes españolas, ya que la figura jurisprudencial del “indefinido no fijo” no constituye una verdadera sanción al abuso.

CSIF propuso regular “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” en el ordenamiento jurídico español para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

El sindicato pidió que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

Por otro lado, instó a que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.

Asimismo, pidió que se reduzcan los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que en la actualidad tienen un plazo máximo de tres años y que se incumplen de forma sistemática.

CSIF insistió en que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.

El sindicato se comprometió a mantener sus “medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla” y dé soluciones a los problemas de los trabajadores públicos temporales.