Así lo anunciaron la secretaria de política educativa de CSIF, Isabel Madruga, y el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, en una rueda de prensa este martes en la que también llamaron a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

Los representantes sindicales consideran que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas “castigan” sin recursos al profesorado, ya que “se niegan” a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación “de calidad”.

En la rueda de prensa, CSIF presentó un anexo al informe que ya publicó recientemente sobre el ‘Sistema Educativo 2009-2025’. Este anexo alerta del crecimiento “espectacular” de alumnos con necesidades educativas especiales y que, con la actual plantilla de profesores, “es imposible” atender estas necesidades.

En concreto, el número de Alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (Acneae) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17% de estudiantes en centros públicos y el 15% del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

El sindicato también expuso que hay una brecha entre la escuela pública y la privada, ya que indicó que la escuela pública escolariza a un porcentaje mucho mayor de alumnado con necesidades especiales. Ante esto, CSIF defendió que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exigió que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

PARÁLISIS

Asimismo, CSIF analizó el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denunció que dichos fondos no impulsan medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, CSIF pidió la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, “circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa”. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando “serias dificultades” para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está “congelando” la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como, por ejemplo, más recursos para la atención de la diversidad del alumnado.

Por ello, CSIF reclamó al Gobierno y a las autonomías un incremento progresivo hasta el 7% del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado; una reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes; una reducción de la interinidad de los docentes al 8% mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria); y la homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades y una prueba única de acceso a la universidad.

CSIF ha abierto un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

También inició una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española