En concreto, la organización subrayó en un comunicado que "las comunidades autónomas y universidades, a través de sus propios estatutos, decidirán en temas tan importantes como el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral y funcionamiento de los órganos colegiados, por lo que se podría romper la equidad entre universidades públicas".

También denunció que el texto "complica el desarrollo de una carrera académica clara, ágil y predecible, porque se tardarán muchos años antes de conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido"; se tiende "al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios al fomentar la laboralización de las plantillas", y "tampoco se mejoran las retribuciones al Personal Docente Investigador (PDI)".

Aunque valoró "positivamente" algunas de las medidas del anteproyecto, CSIF subrayó que el texto limita el alcance de los cambios que Europa requería y se convierte, por tanto, "en una ley de mínimos". En este sentido, también exigió "una financiación más ambiciosa, cercana al 1,5% del PIB, y acorde a la media de la UE".

Por último, CSIF acusó al Ejecutivo de que el texto se ha aprobado "sin negociación, sin información y sin transparencia", y expresó su confianza en que todas estas carencias se solucionen durante la tramitación parlamentaria de la futura ley.