En concreto, según CSIF, las comunidades autónomas le reclaman al Ejecutivo que aporte 4.000 millones de euros para llegar al 1 por ciento del PIB en 2030 -como establece la LOSU-, mientras que el Gobierno considera que la financiación de las universidades públicas es competencia autonómica.

"La solución pasa por un Pacto de Estado para alcanzar este 1 por ciento del PIB, y que resuelva qué administración (central o autonómicas) y en qué porcentaje aporta los fondos que garanticen la financiación suficiente que necesitan las universidades públicas para continuar prestando enseñanza superior e investigación de calidad", indicó la organización.

CSIF denunció además que la infrafinanciación imposibilita reforzar la oferta de titulaciones, mejorar infraestructuras, cubrir servicios básicos, mantener residencias o crear más plazas). Otra consecuencia es que se "perpetúa la precariedad de los profesores, investigadores y personal técnico de gestión y administración y servicios con una temporalidad del 50 por ciento", según datos oficiales.