Así se expresó el sindicato en un comunicado, después de que Bruselas autorizara el quinto desembolso de fondos europeos por valor de más de 24.000 millones de euros, pero aplazara el pago de unos 1.100 millones por no haber cumplido plenamente algunos compromisos del Plan de Recuperación. Además, CSIF recordó que ya avisó de que estaban abiertos sendos expedientes por esta causa y que se estaban preparando “sanciones millonarias”.

Al respecto, señaló que la tasa de reposición (que el Gobierno pretende mantener en la próxima oferta de empleo público) impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación.

Por otro lado, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil. “Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones”, avisó.

Así las cosas, CSIF se ha dirigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para abordar los problemas que afectan a las administraciones públicas y las condiciones laborales, entre ellas la temporalidad y la congelación de las nóminas, dado que aún no se ha negociado un nuevo acuerdo salarial.

De manera paralela, CSIF retomará las movilizaciones. El Gobierno debe una subida mínima del 2,8% para acompañar los sueldos al IPC registrado el año pasado. En este sentido, calcula que estaría pendiente una subida media por categorías de 374 euros a cada empleado público, por lo que el Ejecutivo “estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros”.