Así lo trasladó el presidente del sindicato, Miguel Borra, a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli. También lo hará con el ministro del ramo, para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles.

En materia salarial, criticó que los empleados públicos han iniciado el año sin una subida de salario y arrastran “una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% en los últimos dos años” tras el acuerdo firmado entre el anterior Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. Cuantificó esa pérdida en “más del 20% desde el recorte salarial de 2010, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero”.

Para CSIF, es prioritario poner en marcha las mesas de negociación, con el fin de conseguir un “nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década”, así como “recuperar la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas”.

Por otro lado, plantea la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para “establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados públicos” como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna o la indemnización por residencia, entre otras cuestiones.

Respecto a los planes de recursos humanos, proponen adecuar las plantillas a las “necesidades reales de prestación del servicio” y agilizar los procesos selectivos, junto con la eliminación de la tasa de reposición.

A ello se suman mejoras en las condiciones de jubilación y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la “penosidad en el ejercicio de su profesión”. Asimismo, recoge la equiparación de las cotizaciones en el régimen de clases pasivas a las del régimen general para los permisos de reducción de jornada por cuidado del menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

El sindicato también exige la “adecuada trasposición de la directiva europea” para que el permiso parental sea retribuido, junto con un incremento de la financiación de Muface y del resto del mutualismo administrativo para “evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben los funcionarios”.

Por último, subraya la implementación efectiva del teletrabajo y del protocolo contra el acoso sexual en la Administración General del Estado (AGE).