En un comunicado, el sindicato recordó que el informe 'Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario', presentado por la Crue concluye que la Administración central, impulsora y proponente de la LOSU, "debe asumir con sus propios recursos la mayor parte del incremento de suficiencia de 3.180 millones de euros de gasto público que supone cumplir el objetivo de alcanzar el 1% del PIB".

Por otro lado también señala que "844 millones supondrían el coste de aplicar las disposiciones de la LOSU en materia de PDI", como la reducción de la carga docente, de la temporalidad y la reposición por jubilación. Por ello, CSIF ha pedido a la nueva ministra responsable de Universidades, Diana Morant, "financiación para aplicar la LOSU y poner coto a la precariedad e inestabilidad de las plantillas universitarias".

Asimismo, también exige a la ministra otras cuestiones como modificar los criterios de acreditación y evaluación del profesorado y mejorar las condiciones laborales del personal de gestión y servicio.