El sindicato se pronunció así tras la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros que obligará a que el 40% de los órganos de dirección de las grandes empresas y las cotizadas, así como de organismos de interés público, estén formados por al menos un 40% de mujeres.

“CSIF valora de manera positiva todas las iniciativas legislativas que persigan reducir las diferencias entre hombres y mujeres, en línea con la Ley de Igualdad y las directrices de la Unión Europea. Sin embargo, un informe de la propia Administración, correspondiente al III Plan de Igualdad, destaca las dificultades de las mujeres en el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, fundamentalmente por los problemas de conciliación”, denunció el sindicato.

Por ello, aseguró que se debería incluir en la ley un apartado específico para solucionar esta cuestión en las Administraciones Públicas.

Según datos del informe de situación de la mujer en la Administración General del Estado, las mujeres se encuentran en puestos de menor valor tanto para personal funcionario como para personal laboral. Por lo tanto, el sindicato cree que las iniciativas legislativas para reducir las diferencias entre hombres y mujeres “nunca serán suficientes” sin la puesta en marcha del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE), que actualmente está “parado y acumula dos años de retraso”.

BRECHA SALARIAL

Todo esto tiene un impacto “significativo” sobre la brecha salarial pues, según CSIF, los últimos datos de estructura salarial arrojan una brecha del 7,8 por ciento entre hombres y mujeres en las Administraciones Públicas. En éstas, el número de mujeres con contratos temporales es el doble que el de hombres, mientras que las mujeres con contratos a tiempo parcial es casi el triple.

Además, el número de mujeres que se acoge a excedencias por cuidado de familiares casi cuadruplica al de hombres, y lo sextuplica en el caso de reducciones de jornada.

Ante este escenario, la organización reclamó la inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en todos los ámbitos, políticas públicas, sociales, empresas privadas y administraciones; un análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género con especial atención a la retribución por trabajo de igual valor, y la implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva, así como fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de sensibilización.

También urge a reforzar la negociación y la puesta en marcha de planes de igualdad todavía pendientes y exige la creación de la figura del delegado sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo.