Así lo desvela la última publicación en la Base de Datos de ILGA Mundo, que también muestra que, sin embargo, al menos uno de estos motivos de acoso se menciona explícitamente en la legislación nacional de al menos 40 Estados miembros de la ONU. Aun así, solo representan una quinta parte del mundo.

En la mayoría de las jurisdicciones, se utilizan las leyes educativas o de igualdad de trato para proteger a los jóvenes contra el acoso escolar. Lo hacen prohibiendo el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales en la educación o requiriendo legalmente a las instituciones educativas que incorporen el acoso por estos motivos en sus códigos de conducta y sus políticas.

Algunas jurisdicciones incluyen también el acoso por motivos de Osiegcs en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo y, en el caso de Francia, lo castigan hasta con penas de prisión.

El consultor de investigación de ILGA Mundo, Curro Peña Díaz, explicó que estas leyes sugieren que los Estados podrían entender el acoso escolar como una forma “muy particular de violencia” que no solo tiene a las personas jóvenes como principales víctimas, sino también como “principales autores”.

Por eso, con frecuencia, las jurisdicciones recurren a “enfoques pedagógicos” para educar a las personas acosadoras y darles “alguna reparación a las víctimas” dentro del sistema escolar, en lugar de recurrir a sanciones penales.

Además, los datos de IGLA Mundo inciden en que, en el entorno global actual en el que las fuerzas reaccionarias convirtieron las vías educativas en campos de batalla, los Estados miembros de la ONU están tomando medidas concretas para proteger a les jóvenes Lgtbi del acoso escolar.

En los últimos dos años, Chile, Estonia y Ucrania debatieron propuestas legislativas en este sentido, mientras que el Gobierno de las Islas Salomón inició una consulta pública para desarrollar una política contra el acoso escolar que tuviera en cuenta la orientación sexual de las personas estudiantes.

Igualmente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró que las autoridades educativas deben prevenir y abordar el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género como parte de su obligación legal de garantizar a todas las personas el derecho a la educación sin discriminación.

Los cosecretaries generales de ILGA Mundo, Kimberly Frost y Yuri Guaiana, animaron a más países a seguir estos “prometedores caminos” y pidieron unión para crear leyes que “garanticen que todas las personas jóvenes puedan disfrutar de una educación de alta calidad que les permita perseguir sus sueños, sin excepciones ni obstáculos”.

Finalmente, el director de programas de ILGA Mundo, Gurchaten Sandhu, señaló que el acoso escolar perjudica la salud mental del alumnado Lgtbi y reduce sus “perspectivas académicas y laborales”. Si los Estados se toman “en serio su deseo de crear un futuro más próspero económicamente para todes, deben saber que su inacción es perjudicial no solo para las personas Lgtbi, sino para la sociedad”.