En un comunicado, la organización deplora que el Gobierno cubano se niegue a escuchar las protestas internacionales qu reclaman la liberación de los setenta y cinco disidentes detenidos a finales de marzo, entre los que figuran veintiséis periodistas independientes.

"Tememos que tampoco se acepte el recurso contra las condenas dictadas contra los demás periodistas encarcelados. El Gobierno ha iniciado un proceso de política cada vez más represivo, como demuestra la dureza de la penas impuestas: hasta veintiocho años de cárcel para simples delitos de opinión".

La queja de Reporteros sin Fronteras también resalta as nuevas sanciones aplicadas a los periodistas y sus familias desde que fueron condenados. La mayoría de las familias sólo pueden visitar a los periodistas cada tres meses, una medida que se añade al traslado de los periodistas a prisiones situadas a cientos de kilómetros de su domicilio.