Así lo confirmaron a Servimedia fuentes cercanas a Fusara. El Juzgado de Instrucción Nº28 de Madrid había impuesto medidas cautelares sobre los edificios por el litigio que mantienen desde 2019 Fusara, miembros de su anterior Patronato, vecinos y la empresa Tapiamar que en aquel año compró estos edificios por 74 millones de euros, un precio presuntamente muy por debajo de mercado.

El anterior equipo directivo obtuvo la aprobación del patronato para la venta de los edificios por 74 millones de euros en un acuerdo adoptado por unanimidad durante una reunión en la que participaron o estuvieron representados delegando su voto, entre otros, la Delegación del Gobierno en Madrid, el Arzobispado de Madrid y el Ayuntamiento, aun bajo el mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena.

Tras el acuerdo, el antiguo equipo gestor destinó una parte de esa cantidad a la adquisición de unos terrenos propiedad de Metrovacesa en Valdebebas así como al pago de diversas comisiones de intermediación. El actual patronato llevó la operación a los tribunales porque defiende que la venta de los 14 inmuebles de la entidad en 2019 y la reinversión de los fondos en un solar en Valdebebas en 2020 generaron un perjuicio económico de 8,6 millones de euros y atribuyen la responsabilidad al despacho de abogados Chávarri y a antiguos responsables de la fundación -Antonio Chávarri, David López Royo, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo, Julio Lage y Jesús Merino-.

La fundación considera que pueden existir delitos de administración desleal hiperagravada, estafa hiperagravada, corrupción entre particulares y falsedad en documento mercantil.

En el marco de ese litigio se impusieron medidas cautelares sobre los 14 inmuebles que impedían que se pudieran comprar de nuevo o vender libremente. En paralelo el actual equipo directivo de la fundación logró revertir la operación con Metrovacesa. Asimismo y para garantizar la viabilidad económica de la fundación el 30 de julio de 2025 Fusara alcanzó un acuerdo extrajudicial con los representantes de Tapiamar. En virtud de dicho acuerdo, se revalorizó el precio de los inmuebles que habían sido vendidos por el anterior equipo gestor en 2019 por debajo del precio de mercado.

Ambas entidades, Fusara y Tapiamar, acordaron revisar el precio de 13 de los 14 inmuebles vendidos en 2019 por 64,3 millones de euros y fijar un nuevo precio de 99 millones de euros, lo que suponía una mejora de 34,7 millones de euros, un 54% más.

El acuerdo contemplaba además la reversión de la compraventa del edificio situado en la calle Barquillo, 22 (donde está la sede de la Fundación) para el que se estableció un precio de venta en 2019 de 9,7 millones de euros, cuando el precio de mercado superaba los 20 millones de euros. El levantamiento de las cautelares permite ahora ejecutar esta operación que según confirmaron desde el entorno de Fusara podría ser inminente. Tapiamar tendrá que abonar a la fundación un total de 62 millones de euros, una vez deducidos los 37 millones ya pagados en 2019.

La venta de los inmuebles a Tapimar podría afectar a la situación de cerca de 200 familias que viven en los 13 edificios repartidos por Madrid. Así en las últimas semanas, inquilinos de estos inmuebles han protestado por la posibilidad de que no se renueven sus alquileres.

El PSOE también llevó este asunto al último Pleno municipal defendiendo que las familias afectadas son en muchos casos vulnerables y exigió al Gobierno municipal que medie en esta situación para evitar posibles desahucios y para que los edificios mantengan su carácter residencial.

Los socialistas también exigieron un mecanismo estable con herramientas de información, mediación, acompañamiento y evaluación social para anticiparse a futuras operaciones especulativas y asegurar que los vecinos no pierdan su hogar.