Las políticas educativas, transferidas en parte a las comunidades, no gustan las organizaciones sindicales en autonomías como Madrid, donde está prevista una manifestación por la educación pública el 27 de septiembre. Recorrerá el centro de la capital a partir de mediodía, desde la Estación de Atocha hasta la Puerta del Sol, bajo el lema 'La pública no puede esperar'. Están convocados docentes, familias, alumnado y toda la comunidad educativa.

La Comunidad de Madrid también tiene sobre la mesa el ultimátum del Comité de Huelga del 14 de octubre. Hace unos días, docentes, familias y estudiantes entregaron a la consejera Mercedes Zarzalejo sus peticiones para suspender la protesta y anunciaron más movilizaciones.

Las principales reivindicaciones pasan por establecer 17 periodos lectivos en Secundaria y FP, y 22 en Primaria, computando horas de jefatura y tutoría y un plan de choque para reducir la interinidad por debajo del 8%; bajar las ratios a un máximo de 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 15 en FP; un orientador por cada 250 estudiantes; incremento retributivo de 600 euros mensuales para refinar la pérdida de poder adquisitivo y equiparación de cuerpos docentes; medidas para luchar contra la segregación con Aulas de Enlace; reducir la burocracia y ofrecer unas infraestructuras "dignas" con un plan de climatización y retirada de amianto.

Además, en Madrid, el curso de las Escuelas Infantiles ha arrancado con lucha sindical para pedir "una negociación real" y mejorar la falta de recursos y "carencias" en la etapa educativa de 0-3 años.

CATALUÑA

La educación catalana también tiene una convocatoria de huelga para el inicio de curso. Las reivindicaciones no son muy distintas a las que plantean los trabajadores de la educación pública en otros puntos de España. La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha ofrecido a los sindicatos Ustec y la CGT una agenda de trabajo para desconvocarla y "no perjudicar al alumnado", según informó el Gobierno catalán. Las citadas organizaciones sindicales se han mostrado molestas tras el acuerdo que alcanzó la consejería con otros sindicatos, UGT y CCOO, para elevar el salario de los docentes, cuando Ustec y CGT fueron quienes se habían manifestado previamente.

En paralelo, la educación catalana y la vasca han sido cuestionadas por el informe PISA (Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes) que la OCDE presentará este arranque de curso, y cuyos resultados podrían ahondar en los malos resultados de la inmersión lingüística. La Generalitat ha cesado a varios responsables por no aplicar las advertencias del Ministerio para que la muestra de alumnos en los que se basa el estudio fuesen representativos.

En Andalucía, la Asamblea por la Educación Pública, que aglutina a profesores, familias y estudiantes, ha propuesto una vuelta al cole con numerosos actos reivindicativos, entre asambleas y protestas, que culminarán el 11 de noviembre con una huelga general. También exigen menos alumnos por aula, más recursos y mejor atención al alumnado con necesidades educativas.

Las ratios de alumno por aula también es una de las principales peticiones sindicales en Valencia, donde sindicatos de profesores impulsaron numerosas movilizaciones la pasada primavera. Ahora, con el nuevo curso, podrían volver a las calles si sienten que no se les hace caso. La retribución de los docentes y la burocratización son otros de los escollos en la negociación con la administración.

CURSO 'CRUCIAL'

La secretaria general de la federación estatal de enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, dijo a Servimedia que este curso 2026-2027 es “crucial” porque es el último de la legislatura. “El Ministerio de Educación tiene que estar a la altura de dar respuesta a todos los retos”, que desde este sindicato consideran que giran en tres puntos: la tramitación en el Congreso de la ley de reducción de jornada y ratios y que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente doble; la legislación del Real Decreto desde el Ministerio para la reducción de ratios de 0 a 3 años y la normativa para la nueva apertura de centros de Formación Profesional, de forma que se eviten los “chiringuitos” educativos.

“Vamos a presionar al máximo”, indicó, ante un inicio de curso “caliente”, con huelgas previstas “si no se prioriza la educación”, también en regiones como Cantabria, Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde CCOO ya está preparando movilizaciones, según dijo.

A ello hay que añadir el movimiento reivindicativo por la educación de 0-3 en gran parte de las autonomías, que implica tanto a la educación pública como a la privada, y las peticiones que hace la escuela concertada para el nuevo curso, y que aglutina al 30% del alumnado del Sistema Educativo en España.

EDUCACIÓN CONCERTADA

La presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Ángela Melero, también compartió con Servimedia sus principales peticiones al Ministerio de Educación, que pasan por que escuche a estas familias: "No pedimos privilegios para la enseñanza concertada, pedimos igualdad para los niños y para sus familias". "Somos las primeras responsables de la educación de nuestros hijos", recordó.

Concapa ha pedido al Gobierno: "Una verdadera conciliación, gratuidad real de la enseñanza, ayudas que atiendan al alumno y a sus circunstancias y no a la titularidad de su centro, financiación suficiente de los conciertos; comedores escolares sin discriminación; una PAU homogénea, psicólogos educativos, apoyo al profesorado, atención a la Educación Especial, prevención del absentismo y del abandono educativo, formación ante los retos digitales y de la inteligencia artificial, estabilidad normativa y presupuestaria, además de la participación efectiva de las familias en las decisiones educativas". Además, defendió "una educación en la que ningún niño tenga más o menos derechos por estudiar en un colegio público o concertado".