Llamas está citado a las 11.00 horas en la Sala Clara Campoamor de la Cámara Alta, en donde fue citado por el PP para que, entre otros, explique si, como declaró el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste, ordenó a los investigadores “ponerse de perfil” en los procedimientos “que tuvieran afectación política”, como el que implicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Una supuesta orden que se produjo en el marco de una reunión que mantuvieron en las dependencias oficiales de la UCO, el 16 de julio de 2024, el DAO, Yuste, el jefe de Policía Judicial e investigadores del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan) vinculados a la investigación de la causa seguida contra el hermano de Pedro Sánchez, ya condenado a nueve años de inhabilitación.

En dicho encuentro, el que fuera jefe de la UCO aseguró que Llamas indicó a los presentes que, “en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación" de que se pusieran "de perfil”. Y añadió que, “en este caso concreto, la autoridad judicial” debía ser “quien tomase la iniciativa”.

Esto lo negó este jueves ante el juez el DAO, quien, según fuentes presentes en la declaración, rechazó tajante haber hecho una petición de esa naturaleza. Su declaración se circunscribió a afirmar que nunca ejerció ningún tipo de presión sobre los agentes mediante la apertura de informaciones reservadas de carácter interno que se enmarcan en dinámica “normal” del cuerpo.

La UCO recoge en sus informes sobre el ‘caso Leire’ que la cúpula política del Instituto Armado llegó a abrir tres informaciones reservadas para indagar en presuntas irregularidades detectadas en el seno de la unidad entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Según los investigadores, la apertura de dichas informaciones reservadas tendrían como objetivo ejercer presión sobre los agentes que se encontraban investigando las causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Es por ello que Pedraz le imputó, junto con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

De todo esto se le volverá a interrogar en el Senado, donde estaba citado en un primer momento la pasada semana, aunque su comparecencia finalmente se retrasó. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunció que le llamarían el pasado 30 de junio, señalando que debería rendir cuentas sobre esas presiones y sobre por qué ocultó a la UCO una nota interna que “ya advertía de la campaña de las cloacas del PSOE”. Entonces, remarcó que Sánchez "ofreció a las cloacas todos los aparatos del Estado y el PSOE: la Fiscalía General, la directora de la Guardia Civil y el DAO de Marlaska".