La propuesta rechazada preveía también la elaboración de un código deontológico que precisase los criterios "que han de seguir los profesionales de RTVE" e instaba al Gobierno a que presentase de forma inmediata una modificación del Estatuto de RTVE para atribuir al Congreso de los Diputados, por mayoría cualificada, la designación del director general de RTVE.