Esa es la conclusión de un estudio elaborado por investigadores de instituciones de Canadá, Estados Unidos e Irlanda y publicado en la revista 'Energy Research & Social Science'.

Las universidades estadounidenses nunca han estado exentas de la influencia corporativa, militar o política. Sin embargo, el estudio apunta que en los últimos 50 año se han intensificado campañas coordinadas contra la gobernanza universitaria con redes que han infiltrado a académicos afines a los donantes, creado centros de investigación aislados de la supervisión del profesorado y eludido las estructuras de gobernanza compartida destinadas a proteger contra la influencia externa.

Los autores del estudio indican que esa erosión de la autonomía universitaria ha expuesto a las universidades a una mayor vulnerabilidad a los intereses corporativos, especialmente en la investigación sobre el clima y la energía.

MENOS SUBVENCIONES

De hecho, la administración Trump congeló el año pasado miles de millones de dólares en subvenciones para investigación, inició investigaciones en al menos 75 instituciones y presionó a las universidades con acuerdos que intercambiaban el acceso a financiación por concesiones políticas.

Funcionarios federales cancelaron cuatro millones de dólares en subvenciones para investigación climática a la Universidad de Princeton y acusaron a los científicos de alimentar la “ansiedad climática”.

Términos como “cambio climático”, “emisiones de gases de efecto invernadero” y “justicia ambiental” han sido sistemáticamente eliminados de sitios web y directivas federales.

Y el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático registró 304 acciones federales distintas para debilitar o eliminar protecciones climáticas solo en el primer año de la administración actual dirigida por Trump.

El estudio apunta que retirar la financiación federal no libera a las universidades de la influencia externa: profundiza su dependencia de donantes privados que operan al margen de la supervisión pública.

LIBERTAD ACADÉMICA

La investigación sobre el clima y la energía es un objetivo prioritario, ya que las políticas climáticas basadas en la evidencia amenazan los intereses de los combustibles fósiles, históricamente en el centro de esta influencia.

La libertad académica del profesorado, la libertad de aprendizaje del alumnado, la misión pública de la universidad de producir conocimiento independiente y la gobernanza compartida que las protege están en el punto de mira, según el estudio. El Índice de Libertad Académica registra este declive, pues la autonomía institucional de Estados Unidos cayó de 3,3 en 2019 a 1,7 en 2025, con una escala de 0 a 4.

Las universidades en Estados Unidos nunca han estado libres de la influencia corporativa, militar o política. Ya en la década de 1920, las empresas de servicios eléctricos reclutaron académicos para defender sus posiciones de monopolio y promover una ideología antirregulatoria conservadora más amplia.

A principios de la década de 1950, la industria petrolera financiaba a investigadores para cuestionar el papel de los hidrocarburos en la formación del 'smog'.

Las empresas de combustibles fósiles se encuentran en el nexo de las industrias energética y química, con recursos económicos e interés social para socavar la ciencia independiente. Los sociólogos llaman a esto 'antirreflexividad' y han documentado a los sectores de energía y combustibles fósiles como agentes clave que orquestan ataques contra científicos universitarios.

SUBVENCIONES OPACAS

El caso más conocido es el de David Koch, un magnate de combustibles fósiles que donó más de 185 millones de dólares al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y recibió la membresía vitalicia del máximo órgano de gobierno de esa institución.

Entre 2018 y 2022, las fundaciones afiliadas a Koch destinaron 458,7 millones de dólares a más de 300 instituciones académicas. Un 45% de esos fondos se destinaron a instituciones sin acuerdos de subvención publicados públicamente.

Las empresas de combustibles fósiles también forjaron asociaciones a largo plazo con universidades para influir en la investigación y las políticas climáticas y energéticas. Entre 2010 y 2020, solo seis empresas de combustibles fósiles y sus filiales donaron o prometieron al menos 677 millones de dólares a universidades estadounidenses, lo que ayudó a legitimar las soluciones de la industria y a marginar enfoques regulatorios más estrictos.

PROFESORES

Por otro lado, el profesorado constituye una fuerza contraria crucial, según el estudio. Sus sindicatos, senados y alianzas interinstitucionales pueden resistir porque se encuentran al margen de las estructuras de donantes, juntas directivas y financiación que han generado reticencia en los líderes institucionales a actuar.

El estudio aboga por reformas en la gobernanza y la rendición de cuentas universitarias que establezcan la supervisión del profesorado sobre los acuerdos con los donantes, así como por una investigación sistemática sobre la influencia corporativa y las condiciones bajo las cuales los sindicatos del profesorado y la organización colectiva pueden defender y ampliar la gobernanza compartida.