Martí Mingarro indicó que unas 300.000 sentencias del casi millón y medio que se dictan cada año en España corresponden a casos que se tramitan a través de asistencia jurídica gratuita, a la que tienen derecho las personas con ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional

Afirmó que el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para regular la justicia gratuita es en lineas generales "satisfactorio", pero ha tardado "mucho" en aprobarse y no acomete a fondo el problema del fraude.

"Hay un fraude importante por la gran cantidad de personas que disfrutan del beneficio de justicia gratuita sin que en ellos concurran las condiciones necesarias, aquellos que denominados falsos pobres", subrayó.

En su opinión, la cantidad fijada como tope para acceder a la usticia gratuita, unas 120.000 pesetas, "sigue siendo una cifra muy alta, porque hay gente que no tiene un salario, pero sí un patrimonio importante".

Para luchar contra el fraude, Martí Mingarro explicó que el decreto intenta establecer un "control a priori", a través de la presentación de la documentación acreditativa necesaria en los colegios de abogados.

FLUIDEZ EN EL PAGO

Por otra parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid se mostró confiado en que el nuevo decreto ayude a solventa la deuda que la Administración tiene con los abogados de oficio, ya que "los pagos se efectúan con excesiva dilación".

Según sus datos, la Administración les adeuda por este concepto el 10 por ciento de los pagos correspondientes al último semestre de 1993 y el 30 por ciento de los primeros seis meses del pasado año. Además, precisó que a esta cantidad habrá que añadirle, probablemente, otro 30 por ciento correspondiente al último semestre de 1994.

"El pago iba muy mal y muy atrasado, lo que genraba una situación profundamente injusta. El real decreto arbitra un sistema que es posible que nos permita cobrar con cierta regularidad", explicó.

A partir de este decreto, se pasa de una asignación fija y globalizada para los gastos de la justicia gratuita a una asignación variable en función de los casos tramitados.