Esta campaña surgió en 2002 como una iniciativa y un compromiso en torno al objetivo de lograr la plena laicidad del sistema educativo. Tuvo varias fases y fue respaldada por diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Las promotores la relanzan al considerar que la última reforma educativa no aborda “la cuestión de la laicidad del sistema educativo en toda su dimensión”, por lo que mantienen “la lucha por garantizar la plena laicidad de la enseñanza”. Para lograr su objetivo, consideran que “hay que sacar la religión confesional de la enseñanza de forma inmediata”, “dejar de financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en centros escolares” y “potenciar la red pública de enseñanza para vertebrar el derecho a la educación de todos”.

También reclaman la derogación de los acuerdos con el Vaticano, por “constituir la base legal de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo”. Para conseguir todo esto, a partir de enero de 2022, programarán una serie de acciones encaminadas a tratar de conseguir sus reivindicaciones basándose “en principios constitucionales y en los derechos de la Infancia más elementales, como es preservar la libertad de conciencia y la no segregación por motivos ideológicos y sociales en el ámbito escolar”.