Según informó el Gobierno, esta “norma básica” recoge "el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de planes de protección civil, tanto estatales como de las restantes administraciones territoriales". Se busca así integrar estas respuestas "en un esquema coherente de respuesta ante situaciones de emergencias y catástrofes".

Así, se fijan los riesgos que deben ser objeto de planificación, que son inundaciones, terremotos, maremotos, riesgos volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos e incendios forestales.

También se incluyen accidentes en instalaciones en las que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas; accidentes de aviación civil y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas; y protección de la población en caso de conflicto bélico.

El Gobierno destacó que, con la aprobación de esta nueva norma básica, “el Sistema Nacional de Protección Civil actualiza su esquema normativo, en coherencia con el impulso a esta política de seguridad pública que se ha situado en los últimos tiempos como un instrumento fundamental de cohesión territorial y social para garantizar la seguridad de todas las personas en las situaciones de vulnerabilidad ante emergencias y catástrofes”.