Según informó este viernes esta entidad a Servimedia, el decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat el 18 de diciembre "desborda claramente su objeto, al utilizar una norma sobre imagen institucional para imponer una regulación lingüística de carácter estructural" en "abierta contradicción con el régimen constitucional de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 de la Constitución".

El artículo 37 del decreto configura el catalán como "lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía", una fórmula que, según la entidad, "no solo desconoce la oficialidad del castellano en el ámbito de la Administración, sino que además vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías", que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales.

La asociación subrayó que esta regulación "no es una cuestión menor ni meramente organizativa", sino una decisión con "claros efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios" para los miembros del cuerpo policial, que introduce una "preferencia lingüística incompatible con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

PRECEDENTES JUDICIALES

Recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha anulado regulaciones que "obligaban a utilizar el catalán como lengua única de la administración", como los protocolos lingüísticos de la Generalitat y del sector público o el Reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, al considerar "contrario a derecho imponer una lengua oficial como lengua de uso obligatorio".

Señaló que estas sentencias determinaron que se estaba "relegando el castellano a una posición subordinada y condicionada al ejercicio de un derecho de petición por parte de los ciudadanos", una situación que, a juicio de la entidad, se reproduce ahora con el nuevo decreto sobre la imagen corporativa de los Mossos d'Esquadra.

Lamentó que "el actual Gobierno de la Generalitat no se diferencia de sus predecesores" y que "persiste en una política lingüística de carácter identitario, utilizando la lengua como instrumento de construcción de una identidad unívoca, en lugar de apostar por un modelo de convivencia lingüística real, equilibrada y respetuosa con la pluralidad de Cataluña".

Sostuvo que "la cooficialidad no consiste en tolerar una lengua y promover otra, sino en garantizar que ambas sean lenguas normales de la Administración y de los servicios públicos" y advirtió de que "convertir el catalán en lengua obligatoria de trabajo de los Mossos es discriminar a los castellanohablantes y vulnerar derechos fundamentales".

NEUTRALIDAD POLICIAL

Impulso Ciudadano estimó "especialmente preocupante que esta regulación afecte a un cuerpo policial, donde la neutralidad institucional y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales deberían ser incuestionables", según manifestó en su comunicado difundido este viernes tras la publicación del decreto en el diario oficial catalán.

Por todo ello, la asociación anunció que acudirá a los tribunales para solicitar la anulación del artículo 37 del decreto, "convencida de que la lengua no puede utilizarse como herramienta de exclusión ni de ingeniería social desde la Administración", tal y como expresó en su nota de prensa.