En este caso la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

En su intervención, el abogado de Ábalos argumentó en contra de la competencia del Supremo para enjuiciar este asunto y pidió que se remita a la Audiencia Nacional tras la renuncia al escaño de su representado y la pérdida de la condición de aforado.

El letrado insistió en que la renuncia al escaño no tiene por objetivo lograr una “dilación del procedimiento”, sino que ha sido motivada por el hecho de que el Congreso de los Diputados le suspendiera en sus atribuciones y su salario tras la apertura de juicio oral en su contra, lo que le ha convertido en “un paria”. Y señaló que su cliente “siempre quiso estar aquí”.

Por su parte, la representación legal de Aldama rechazó la posibilidad de ser juzgado por un jurado popular, tal y como quieren Ábalos y Koldo García. Además, el letrado aseguró que su representado tiene intención de responder a todas las acusaciones y defensas “con total transparencia" en el juicio.