El letrado Jesús Mandri insistió en que los hechos juzgados fueron en realidad una "operación de inteligencia, no parapolicial", destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero oculto del extesorero popular Luis Bárcenas, o sus posibles testaferros.

El juicio enfila esta semana su último tramo con la exposición de los informes finales de las defensas. En el relato de Mandri, el exministro nunca tuvo conocimiento de los hechos ni tampoco tuvo “ningún interés" en la información que pudiera estar manos de Bárcenas.

Los hechos se remontan a 2013, cuando supuestamente la cúpula del Ministerio del Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy organizó una operación al margen el control judicial para robar información sensible para el PP a Bárcenas.

En su informe, el letrado aseguró que Fernández Díaz nunca recibió información sobre esos operativos policiales ni tampoco sobre el uso de los fondos reservados que sirvieron para sufragar sus costes.

Según la Fiscalía Anticorrupción, que presentó su informe el pasado 30 de junio, "ha quedado acreditada la finalidad bastarda y delictiva" del operativo parapolicial organizado para espiar y robar información al extesorero del PP. Según aseveró, esa operación nunca tuvo “tenía nada que ver con investigar el caso Gürtel, sino con obtener documentación para boicotear el caso Gürtel". Por ese motivo, el Ministerio Público elevó a definitiva su petición de 15 años de cárcel para el exministro, al que considera el máximo responsable de la trama. Su número dos en el Ministerio, Francisco Martínez, también lo fue en este asunto, por lo que pide para él idéntica condena.

El abogado considera que los apuntes en las agendas del excomisario José Manuel Villarejo no prueban la responsabilidad de su cliente porque no recogen contactos directos con él y también desconfía de las actas notariales aportadas por Martínez con mensajes que supuestamente intercambió con el ministro.

Igualmente recordó que durante la instrucción, la policía vinculó a Fernández Díaz con los apuntes sobre “El Asturiano”, que finalmente se refería a “una persona que no ha formado parte del procedimiento”, en alusión a Mariano Rajoy.

La Fiscalía acusa, además, a Villarejo para el que pide la pena más alta de 19 años de cárcel, por haber captado al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para robarle documentación sobre la financiación irregular del PP. Para el conductor, Anticorrupción reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía. También pide 15 años de cárcel para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.