Así lo sostuvo Amparo Valcarce ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en respuesta al senador del PP José Antonio Monago, que preguntó sobre la valoración que hace el Gobierno del impacto que tendrá para la seguridad nacional la rescisión de los contratos de defensa con Israel.

Monago señaló que el Ejecutivo anunció la sustitución del sistema de misil contracarro Spike LR2 de origen israelí por el sistema europeo MELS, y añadió que “lo que no dijo” es que ese sistema está desarrollado por el consorcio EuroSpike, en el que participa la propia empresa israelí Rafael y que el contratista principal en España sigue siendo Pap Tecnos, filial de esa misma compañía.

“Decir que no se compra a Israel y comprar a Israel a través de terceros es, como se suele decir en castizo, soplar y sorber”, ironizó En este punto, Monago consideró que el plan de desconexión de la tecnología israelí por el genocidio en Gaza garantizar la gobernabilidad de España “sin molestar a unos socios que son muy beligerantes con ese país”.

El senador del PP calificó de “excusa” del Gobierno alegar la búsqueda de la autonomía estratégica, y sostuvo que “aquí lo que hay es un sesgo claramente, podríamos decir por alguno, antisemita”.

“Aquí no hay razones a nuestro juicio, lamentablemente, de interés nacional, ni de autonomía estratégica, sino única y exclusivamente los intereses partidistas del Gobierno de España para mantenerse en la Moncloa”, reiteró.

MEZCLA “IRRESPONSABLE”

Valcarce, visiblemente molesta, aseguro que en este debate “mezclar el antisemitismo es gravísimo, irresponsable”. Sobre todo, afirmó, porque España “tiene un marco riguroso” de control sobre exportaciones e importaciones de material de defensa y de doble uso, y “garantiza que todas las operaciones cumplan con la legalidad nacional”.

“Mi más enérgica condena al antisemitismo”, recalcó, y defendió que la decisión de “suspender o rescindir contratos con terceros países, incluido Israel, se adopta de manera coherente, objetiva y conforme a la política exterior de España”. “Desde luego no responde ni a criterios ideológicos ni arbitrarios que dañen la seguridad nacional”, enfatizó.

En definitiva, sentenció, “España, su Gobierno, actúa con responsabilidad garantizando la legalidad internacional, reforzando la industria de defensa nacional y europea, asegurando plenamente las capacidades de seguridad y defensa de nuestro país”.