Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del departamento que lidera Margarita Robles, que admitieron los trabajos en marcha de un proyecto de la secretaria de Estado de Defensa (Sedef), Amparo Valcarce, para actualizar los parámetros en los que se debe mover el personal asociado a compras cuando el pasado se desembolsaron más de 34.000 millones.

Uno de los retos de Defensa en el impulso inversor para alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto comprometido la OTAN es lograr limpieza en los procesos, sobre todo cuando muchas de las adjudicaciones se están llevando a cabo mediante procedimientos negociados sin publicidad, para agilizar los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM).

Defensa ha alegado por ejemplo, en respuestas escritas a preguntas parlamentarias, que esta vía de contratación se justifica por razones de seguridad nacional y la necesidad de una tecnología específica.

En este contexto, señalaron las citadas fuentes, la secretaría de Estado de, Amparo Valcarce ha visto conveniente actualizar el código ético y de conducta y sustituir la Instrucción 23/2020.

El objetivo, remarcaron, es, actualizar este marco con arreglo “a la experiencia acumulada en los últimos años y al nuevo contexto normativo”. La iniciativa sostuvieron que responde a la necesidad de mantener “este instrumento como un mecanismo vivo, alineado con las exigencias actuales en materia de integridad pública, prevención de riesgos y buen gobierno”.

De este modo, se busca reforzar “la confianza en la gestión de los fondos públicos y promoviendo una cultura ética compartida tanto por el personal del Ministerio de Defensa como por los operadores económicos que colaboran en la función compras”.

A modo de ejemplo, cabe recordar que, tal y como informó el diario ‘El País’ a mediados de marzo, una investigación judicial por presunta corrupción en torno a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) salpicó a la Fábrica de Municiones de Granada (FMG).

Pese a que la matriz de FMG, el grupo checo CSG, rechazó cualquier irregularidad tras conocerse la investigación, dicho procedimiento sirvió para empañar uno de los planes del proceso de desconexión de tecnología israelí contemplados por Defensa, en concreto para prescindir del misil contracarro ‘Spike’ israelí, por una versión europea que fabricaría CSG.