Son algunas de las cuestiones recogidas en el documento de 777 páginas que entregó este viernes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La Unidad de Atención a las Víctimas de la institución capitaneada por Gabilondo, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres.

Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

Según Gabilondo "es un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”, aseveró.

Según indicó la oficina del Defensor, este trabajo responde a la encomienda del Congreso de los Diputados del 10 marzo 2022 por la que se creó una Comisión Asesora, compuesta por expertos externos, una Unidad de Atención a las Víctimas, formada por especialistas contratados para la ocasión, y un Foro de Asociaciones de Víctimas.

Desde entonces, el Defensor ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con la dirección de la Conferencia Episcopal Española, Conferencia Española de Religiosos, Tribunal de la Rota, institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas

El 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, Una respuesta necesaria', se hace público este mismo viernes en la web del Defensor del Pueblo ('www.defensordelpueblo.es').

En su elaboración se incluye una encuesta encargada a GAD3 y una veintena de recomendaciones y conclusiones que son elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno de España para “la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con el objetivo de la encomienda”, según se explicita en la mencionada PNL.

NEGACIÓN

Según reportó el Defensor, el Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, "al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema". "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

No obstante, reconoce que también se han dado "buenas prácticas" en el seno de la institución eclesial.

El documento observa también que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica. "Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada" y que la mayoría de los casos "no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial".