Así lo dijo durante la presentación del Informe 2025 ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el parlamento, donde recordó que en 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial.

Los expedientes tramitados provocaron la formulación de 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación. El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458).

Además de los datos estadísticos, Gabilondo destacó que el informe incorpora una selección de asuntos relevantes que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación; con los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con Educación; con el medio ambiente, o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

Por otra parte, señaló problemas que persisten en el tiempo, como las dilaciones judiciales; las homologaciones de las titulaciones de los estudios extranjeros; las listas de espera sanitarias; la atención al ciudadano a través de citas previas; los retrasos en expedientes de nacionalidad, o la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios.

En materia de Justicia recordó que se han formulado recomendaciones sobre la carga de trabajo, especialmente en asuntos con sensibilidad social (apoyos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, jurisdicción social o contenciosa). Así, indicó que “se precisa mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución”.

CENTROS PENITENCIARIOS

En relación con la labor de supervisión de los centros penitenciarios, el Defensor apuntó que, ante cada fallecimiento en prisión, la institución actúa de oficio. En 2025 en 8 ocasiones. Una de estas actuaciones derivó en un recordatorio para extremar la diligencia en la transmisión de condolencias a familiares o allegados de personas fallecidas bajo custodia. Ángel Gabilondo también ha querido llamar la atención ante la "grave" situación de la atención sanitaria en las prisiones.

Sobre Educación, dijo que el informe subraya que la equidad en la educación y la atención integral al alumnado conforme a los principios de normalización e inclusión “deben acompañarse de recursos suficientes y eficientes, si no queremos que se convierta en un simple enunciado programático”. “Los recursos son limitados, pero los gestores públicos deben tener la sensibilidad de asignarlos correctamente, priorizando a quienes más los necesitan”, señaló.

Respecto a la Administración sanitaria, las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica, en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, siguen siendo las más numerosas.

Además habló de salud mental, del "gran volumen" de quejas en lo que tiene que ver con Seguridad Social y desempleo y del sistema de protección de menores: “Las situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes nos llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor. Buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro”.

A continuación llamó a trabajar para la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España, tanto aquella que se encuentra junto a sus progenitores como aquella que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos. En su opinión, “ese debería ser el objetivo y es la recomendación del informe- tanto de las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado”.

IRPF VÍCTIMAS DE ABUSOS

Vivienda, desahucios y protección del medio ambiente ante la posibilidad de incendios forestales el próximo verano fueron otros de los asuntos tratados, así como la actuación ante la Secretaría de Estado de Hacienda por la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia católica por abusos sexuales. Esta recomendación ha sido aceptada por el Ministerio de Hacienda recientemente.

Ángel Gabilondo explicó, además, la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2025 realizó 63 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a un total de 67 actuaciones. De estas actuaciones se derivaron 396 resoluciones de las cuales 96 fueron recomendaciones, 288 sugerencias y 12 recordatorios de deberes legales.