Así lo anunció durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un ‘Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, que le fue encomendado por el Congreso de los Diputados en marzo.

A su juicio, la encomienda aprobada por la Cámara Baja, con una “amplia mayoría”, se presenta como “una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas” y, a este respecto, afirmó que la institución que dirige asume dicha encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido” con el objetivo de recabar en un informe “propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”.

“Ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”, espetó, para avanzar que, con el fin de llevar a cabo dicha encomienda, se ha creado una Comisión Asesora de expertos, de la que formarán parte casi una veintena de especialistas y que, dijo, "no es un tribunal", un Foro de Dialogo con las asociaciones de víctimas y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la investigación.

Con respecto a la Comisión Asesora, que se constituirá y mantendrá su primera reunión a principios de julio, Gabilondo subrayó que tratará de “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.

Está integrada por 20 personas, 17 de las cuales son asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología. Además, en ella hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, o a los jóvenes, o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta y que, a su entender, “tienen capacidades acreditadas para el estudio académico o científico”.

Entre ellas, citó a la profesora titular de Victimología en la Universidad de Barcelona y directora de su Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), además de experta asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de violencia contra la infancia en España, Noemí Pereda; el doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida e investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones religiosas, Josep María Tamarit, y la profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología, Gema Varona.

La comisión estará presidida por el propio Defensor del Pueblo y en ella también participarán la adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, según Gabilondo “como muestra del compromiso e implicación” de toda la institución y “la búsqueda uniforme de pluralidad y de consenso”.

Por su parte, aseveró que el Foro de Asociaciones está “concebido” como un espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas, “entre ellas y con la persona o personas de la Comisión que se determine, compartan sus experiencias y posiciones”. De este modo, según Gabilondo, se podría llegar a “aglutinar” una serie de “indicaciones o recomendaciones” que, a través de la Comisión de asesoramiento, cabría incorporar al informe final.

En paralelo, juzgó esencial crear una Unidad Técnica de trabajo para la “atención a las víctimas”, que también estará operativa a principios de julio y se articula como un espacio de investigación que contará con una oficina específica en las inmediaciones de las dependencias de la institución del Defensor del Pueblo y un coordinador de equipo y que tendrá funciones de “apoyo” a las labores de la Comisión. Estará integrada por psicólogos, criminólogos y abogados que, según Gabilondo, “atenderán y escucharán” a las víctimas que acudan a exponer su testimonio y realizarán aquellos estudios que “contribuyan a conocer la realidad de los abusos sexuales relacionados con la Iglesia católica”.

El Defensor del Pueblo avanzó que la institución habilitará en su web una sección con información “relevante” sobre la Comisión, en la que se ofrecerá un teléfono gratuito y un formulario web para que las víctimas puedan contactar con la Unidad Técnica y facilitará la posibilidad de presentar los testimonios presencialmente o por correo postal.

NI JUICIO, NI PRUEBA DE ESTRÉS A LA IGLESIA

Gabilondo urgió a “encontrar una salida conjunta” a este “asunto complejo” y advirtió del “peligro” de que la investigación se convierta en "una especie de debate entre un “juicio a la Iglesia sí o no, o si es necesario en este momento someterla a algún tipo de prueba de estrés”".

En este punto y “desde el respeto a la Iglesia”, le pidió “una ejemplaridad extraordinaria respecto a estos asuntos que tienen que ver con las relaciones con los demás y con aquellos que están en situación de más indefensión así como con el cuidado de las conciencias, del espíritu, las vidas y los cuerpos de los más jóvenes”. “Hay que fijarse en este momento en lo que ha sucedido en la Iglesia y no es por un afán persecutorio de una institución”, abundó, convencido de que la propia Iglesia "tiene conciencia de que tiene necesidad de abordar este asunto de verdad, porque en ello se juega mucho su verdadero sentido y su verdadero ser”.

"Es institución plural, compleja, con posiciones muy diversas”, dijo, para puntualizar que “la que se ha negado a formar parte de esta Comisión es la Iglesia institucional, que tiene muchos rostros” y se mostró “partidario de que las conclusiones vengan al final de la investigación, si es posible”, por lo que pidió “paciencia” para “no llegar a las conclusiones antes de hacer lo que tenemos que hacer”.

En este punto también quiso “avisar” de que “hay una cosa que se llama Concordato, que no es un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia, sino entre el Estado español y el Estado Vaticano, un acuerdo internacional que incluye, entre otros asuntos, que no se pueden abrir los archivos de la Iglesia”. “Ese es un asunto con el que nos tenemos que topar”, añadió, convencido de que, “más que coerción, el camino más adecuado sería lograr la implicación y la convicción” por parte de la Iglesia y de la necesidad de trabajar “seriamente con un procedimiento y un método de trabajo, porque lo contrario es no tomarse en serio a las víctimas”, que necesitan “reparación”.

Con referencia al recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por varias asociaciones católicas contra la encomienda al Defensor del Pueblo, dijo comprender “que haya un debate también sobre si hubiera sido más interesante y más importante, más ajustado, que se investigara a todo tipo de víctimas”.

“Es más, es muy probable que entre las conclusiones a las que pudiéramos llegar está el hecho de que es muy necesario en España investigar los abusos sexuales en una mayor dimensión, en una mayor universalidad”, advirtió, para asegurar que la institución dispone de “mucha información de que en ciertos ámbitos donde hay confianza y donde hay poder se producen situaciones de dominio y de abuso sexual” a víctimas que esta investigación “también va a acoger y orientar” porque “todas merecen respeto y atención”.

Preguntado por el horizonte que se fija la institución para contar con un informe final, pidió comprensión para “no dar el tiempo fijado y tasado”, si bien recordó que el trabajo “podría ir más allá de la legislatura” y que las personas que trabajarán en la Unidad Técnica han sido contratadas por un año renovable, por lo que no puede “asegurar que haya un informe dentro de un año”, si bien se comprometió a comparecer periódicamente ante esta comisión mixta para informar de los “avances” que se vayan produciendo en la investigación y presentará el informe, una vez finalizado, ante las Cortes Generales y al Gobierno de España para que se adopten “las medidas necesarias y pertinentes en todos los ámbitos” para que estos casos no vuelvan a producirse.