En la memoria, la oficina que dirige Fernando Alvarez de Miranda indica quees plenamente consciente de las razones que justifican la limitación que se ha impuesto al gasto público.

Sin embargo, sostiene que "no debiera padecer sus efectos el sistema educativo, sobre el que necesariamente se ha de cimentar cualquier progreso futuro".

El Defensor destaca que las consecuencias de las restricciones han provocado en el sector educativo "repercusiones más amplias" que las que corresponden analizar al Defensor, "hasta el extremo de haberse reabierto el debate sobre el carácterpúblico o privado de la enseñanza".

El informe agrega, en relación con el tratamiento del Gobierno a la enseñanza privada, que sería "desleal con la enseñanza pública hacerla competir con la privada estando sometida a unas restricciones presupuestarias que ésta no padece".

En su ánalisis sobre la situación de la educación, el Defensor se refiere en primer lugar a la escolarización en España. Asegura que en líneas generales pueden entenderse ya logrados los objetivos de escolarización definidos enla legislación en el caso de los alumnos de edades comprendidas entre los cuatro y los cinco años.

En cambio, subraya, "no puede afirmarse lo mismo en el caso de alumnos de tres años, cuyos padres, dada la oferta de plazas existente, no ven atendidas en todos los casos las solicitudes de admisión que realizan".

REFLEXION

En el ámbito universitario, el informe asegura que la mayoría de las quejas que ha recibido siguen siendo similares a las presentadas doce años atrás, "lo cual debería conducira una reflexión por los poderes públicos".

El actual sistema de acceso a la universidad, el fracaso escolar en aquellos alumnos que no lograron acceder a los estudios de su elección y el sistema de becas son el origen del mayor número de protestas.

En la memoria, el Defensor solicita al Ejecutivo que tome medidas para que los libros de texto destinados a enseñanzas obligatorias sean gratuitos. También advierte sobre los problemas detectados en la cobertura de plazas de profesorado en algunas comuidades gestionadas por el Ministerio de Educación.