Así se recoge en el informe anual de la institución relativo a 2021 y que este viernes se presentó en el Congreso de los Diputados, que también se hace eco de quejas relacionadas con el acceso al sistema de acogida en distintos puntos de España.

En concreto, el Defensor mostró su preocupación ante “el incumplimiento sistemático del plazo establecido en la directiva de procedimientos de 2013 para registrar la solicitud”, que contempla tres días hábiles si es ante una autoridad competente y un máximo de seis días si el órgano no ostenta la competencia. En este sentido, destaca que “son numerosas las quejas ciudadanas ante la imposibilidad de obtener una cita previa para iniciar así el proceso” de protección internacional.

Señala que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras reconoció en 2020 “la existencia de grandes retrasos”, dado el aumento de solicitantes de Protección Internacional desde 2015 y la necesidad de documentarles con la tarjeta roja, que se renueva cada seis meses. Dichas demoras se agravaron por la situación sanitaria fruto de la covid-19 y generaron “una acumulación de carga de trabajo” que, según el Defensor del Pueblo, no se solucionó en 2021.

MENOS SOLICITUDES

Según los datos del Ministerio del Interior recogidos en el informe, el número de solicitudes de protección internacional en España en 2021 descendió respecto al año anterior.

A 31 de diciembre, 65.404 personas habían formulado su solicitud, frente a las 88.762 que lo hicieron en 2020 o las más de 118.200 que lo intentaron en 2015, cuando “se batieron récords históricos”. Entre los cinco países con mayor número de peticiones destaca Venezuela, con 15.995, seguida de Colombia (11.567). A continuación figuran Marruecos (1536), Mali (4647) y Senegal (3198). Del total de solicitudes, 41 1905 fueron presentadas por hombres y tan solo 1.797 correspondieron a adolescentes de entre 14 y 17 años.

Durante 2021 España concedió el estatuto de refugiado a 5.357 personas y protección internacional subsidiaria a 2.017, indica el Defensor. Asimismo, se otorgaron 12.983 autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, y en total, se resolvieron casi 70.000 expedientes.