Según un comunicado emitido por la institución, esta actuación se abrió tras recibir la queja de un progenitor de una menor indefensa ante las redes sociales, y que manifiesta su preocupación por la “vulnerabilidad en la que se encuentra tanto la menor como su entorno familiar”. La menor “se autolesionaba y tenía tendencia a prácticas suicidas”. Antes de dirigirse al Defensor del Pueblo, el padre de la menor denunció la situación ante la red social “sin éxito”.

La institución del Defensor del Pueblo consideró que “los casos de menores de edad que, como consecuencia del uso de las redes sociales están expuestos a contenidos nocivos, pueden inducirles a riesgos para su integridad física e incluso para su vida. Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática”.

Los hechos denunciados por el padre de la menor podrían ser de “carácter delictivo”, tal y como contemplan “los artículos 143 bis y 156 ter del Código Penal”.

Por ello, el Defensor del Pueblo “requiere de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales información sobre las actuaciones que estén llevando a cabo o vayan a implementar para evitar situaciones como a la que se enfrenta esta menor, en aras al interés del menor ante escenarios de peligro extremo y riesgo para la vida. Asimismo, se reclama conocer si existe la posibilidad de que se informe sobre estas circunstancias a las redes sociales, a fin de que se proceda a la supresión del contenido y control de las publicaciones futuras”.

En el marco de esta actuación se solicitó además al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad que “indique si disponen de medio de contacto para que, bien los propios menores, o bien sus familiares, reciban información inmediata o asistencia sobre el protocolo a seguir ante este tipo de situaciones”.

El Defensor del Pueblo requirió también a la Fiscalía General del Estado información sobre “las actuaciones en relación con la aplicación de los artículos del Código Penal citados, a fin de salvaguardar el interés de los menores ante situaciones de peligro extremo y riesgo para la vida. Y, además, si por parte de las redes sociales se están adoptando las medidas, en su caso, dictadas por parte de los órganos judiciales”.