El Defensor se ha dirigido a la Vicepresidencia y Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid con el fin de conocer las medidas de prevención que haya podido adoptar el centro educativo en el marco del protocolo de acoso escolar, los apoyos educativos que se hayan facilitado y las pautas correctivas que se hayan adoptado o vayan a adoptarse.

Esta actuación de oficio se inicia tras tener conocimiento, por diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, de que una menor de 13 años había sido agredida sexualmente, presuntamente, por dos menores en los baños de un instituto público de Madrid, sufriendo desde entonces graves secuelas psicológicas.