Según el informe anual de este organismo dirigido por Ángel Gabilondo, la mayoría de estas quejas provienen de Andalucía y de la Comunidad de Madrid. Con respecto a la convocatoria realizada en Andalucía, las quejas denuncian el “colapso temporal” de la página web establecida para registrar las solicitudes.

No obstante, las quejas en materia de alquiler se concentran en el programa de ayudas directas, para las cuales existen muchas personas “disconformes con los requisitos establecidos en las convocatorias o con las exigencias de documentación acreditativa”, algo que no suele resultar “irregular ni contrario a la normativa”, según el informe.

Asimismo, el organismo denuncia que no ha podido hacerse “efectivo” el pago de “todas las ayudas reconocidas” del paquete aprobado para “contribuir a minimizar el impacto económico y social de la covid-19 en los alquileres de vivienda habitual”, algo que resulta “preocupante y desvirtúa la razón que llevó a su creación”.

Las quejas recibidas provienen de personas que residen en diferentes comunidades autónomas, pero destacan, por su número, las de Canarias y la Comunidad de Madrid. El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones ante las consejerías competentes para conocer el número de ayudas pendientes de pago y el plazo en que se estima que se podrá liquidar la totalidad de las subvenciones.

Otro elemento de malestar se produce en relación con los precios del alquiler en zonas con alquileres elevados como Baleares, Barcelona, San Sebastián o Madrid, donde personas con “escasos recursos económicos” denuncian que no pueden acceder a las ayudas “ante la imposibilidad de encontrar inmuebles con alquileres que se ajusten a la renta máxima establecida en el Plan Estatal de Vivienda”.

Según el Defensor del Pueblo, el incremento máximo del precio mensual establecido hasta 900 euros y 450 euros mensuales en el supuesto de alquiler o cesión de uso de habitación resulta, “en algunos casos, insuficiente”.

El organismo reclamó también al Ministerio de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana que se puedan aplicar los umbrales económicos y límites que se establecen para las familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos, al estimar que requieren de “una protección similar, por concurrir en ellas necesidades análogas a las indicadas”.

Por otro lado, a partir de una queja presentada en Castilla y León, el Defensor del Pueblo apuntó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que “en determinados contextos” podría “estar justificado que la transferencia bancaria pudiera realizarse por una persona distinta a la beneficiaria”.

Esto beneficiaría especialmente a aquellas “personas de avanzada edad, que encuentran “dificultades para realizar por sí mismos este tipo de operaciones de forma electrónica” o personas con “dificultad para localizar citas disponibles en la oficina bancaria o para que realizar estas gestiones de forma presencial”. La consejería ha aceptado la propuesta de modificación de bases.