Así lo expone el Defensor del Pueblo en su último informe anual, relativo a 2023 y que se presentó este viernes, donde señala que continúan incrementándose los expedientes pendientes de resolución, que en septiembre del año pasado ascendían a más de 70.000, a la vez que crecen las solicitudes y desciende el número de funcionarios que interviene habitualmente en su tramitación.

"Resulta inaceptable el mantenimiento de esta situación, en la que decenas de miles de ciudadanos con titulación universitaria extranjera y residencia en España, deben esperar varios años para comenzar a desarrollar una actividad laboral acorde con su nivel de cualificación profesional, muchas de ámbito sanitario", señala la institución que dirige Ángel Gabilondo.

Por ello, el Defensor del Pueblo ha reclamado ya el "urgente" establecimiento de un nuevo y definitivo plan de actuación, que insisten en que debería comenzar por la "inmediata incorporación, a la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", de recursos humanos suficientes "para abordar con eficacia y determinación el atasco en la finalización de los más de 70.000 expedientes pendientes de resolución, la mayoría de los cuales tienen agotados los plazos de tramitación.