La institución que dirige Ángel Gabilondo hace esta consideración en su informe correspondiente a 2023, que fue dado a conocer este viernes. En este anuario se alude a quejas de víctimas de ETA y a una formulada por afectados por la masacre del 11-M, en concreto la ubicación de un monumento en San Agustín de Guadalix (Madrid).

Respecto a la banda etarra, se afirma que “ha podido constatarse, a través de encuentros con víctimas y sus familiares” las trabas que de este colectivo para que sean atendidas algunas de sus demandas.

REFORMA LEGAL

Así, se ha constatado, “la dificultad de alcanzar la verdad y la justicia con respecto a los crímenes no resueltos”; “la subsistencia de homenajes de diverso tipo a los autores” y “la dificultad de mantener un ‘relato’ verdadero y justo con las víctimas, particularmente entre los jóvenes, que no vivieron los atentados”.

Otros retos para este colectivo son “las limitaciones del ordenamiento jurídico para responder adecuadamente al enaltecimiento del terrorismo; las diferencias entre indemnizaciones; o las posibilidades de perfeccionamiento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, promulgada hace ya trece años”.

El Defensor señala que para la actual legislatura “ha quedado pendiente la conclusión de una revisión -iniciada en la anterior- de la mencionada ley, que podría abordar asuntos como los citados y tener en cuenta”. También se pueden abordar entonces las Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del 25 de abril de 2022, a las que se refirió el informe anual 2022 del Defensor del Pueblo.

Respecto al monumento a las víctimas del 11-M de San Agustín de Guadalix (Madrid), la institución que dirige Gabilondo indica no puede pronunciarse “sobre la forma concreta de honrar” a los afectados, pero que admitió a trámite la queja “para que hubiese una respuesta expresa a los comparecientes”.