La oficina que dirige Ángel Gabilondo también destaca en el informe la entrada de reclamaciones relativas a la interrupción del servicio telefónico en domicilios que urgían su restitución con celeridad.

“En estas quejas se dio una especial prioridad a la tramitación cuando la interrupción afectaba a personas que reciben el servicio de teleasistencia domiciliaria”, señala el Defensor.

En telefonía móvil, la memoria indica que las quejas versaron fundamentalmente sobre la discrepancia de los abonados con la facturación efectuada por los operadores en relación con los servicios contratados.

“Los consumidores tienen derecho a la facturación detallada, clara y sin errores”, indica la institución, que reconoce que en numerosas ocasiones, los ciudadanos no habían formulado la reclamación correspondiente, por lo que se les indicó la necesidad de presentarla con carácter previo.

En otros escritos, los interesados se refirieron a que se habían dirigido a la compañía y que al recibir una respuesta insatisfactoria o al no haber recibido contestación, habían formulado una reclamación ante los órganos competentes. En esos casos, el Defensor del Pueblo inicia las actuaciones correspondientes, hasta que se considera el problema adecuadamente resuelto.

La memoria recuerda que en los dos informes anuales precedentes, el Defensor del Pueblo dio cuenta de una estafa que consistía en que los ciudadanos recibían mensajes SMS en sus terminales móviles que, al abrir los enlaces, permitían la sustracción de información relevante sobre contactos y datos bancarios.

Explica que este año que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) indicó al Defensor del Pueblo la puesta a disposición de la ciudadanía del canal telefónico 017, un servicio nacional, gratuito y confidencial dirigido a ciudadanos usuarios de internet, empresas y profesionales, así como a menores y su entorno (padres, educadores y profesionales que trabajen en el ámbito del menor o la protección en línea ligada a los menores).