Así lo recoge el Defensor del Pueblo en el informe correspondiente a 2023, en el que expone que en esos casos es necesario “un extenso período de tiempo hasta que sea posible dar respuesta a cada una de las demandas de acreditación por parte de las personas trabajadoras”, pues la disponibilidad de los recursos es “limitada”.

Por ello, la institución dirigida por Ángel Gabilondo considera que “es necesario mantener el esfuerzo para el funcionamiento eficaz de este sistema”.

Además, sobre esta cuestión, el Defensor subraya que la Comunidad de Madrid ha establecido como requisito de los trabajadores que pretenden el acceso a este procedimiento de acreditación de competencias profesionales en esta región que tengan fijada en ella su residencia. Pero el Defensor cree que esto es “contrario” a los principios y preceptos de la Ley de FP.

Por ello, recomendó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que retire este requisito, así como que los formadores tengan que estar empadronados en Madrid para el registro de estos profesionales.

Por otra parte, se ha recordado a alguna entidad municipal que la discrecionalidad para fijar los criterios para la selección de los destinatarios de las políticas de fomento o planes locales de empleo en el ejercicio de las competencias de la Ley de empleo, debe respetar los colectivos de atención prioritaria que establece la ley y no alcanza a establecer criterios de edad que no tengan sustento en esa normativa, ya que lo contrario podría suponer “discriminación por razón de edad”. Esta petición fue aceptada por las administraciones concernidas.

RIESGOS LABORALES

Por otro lado, el Defensor valora positivamente la norma que aprobó el Gobierno antes del pasado verano para reforzar la protección de los trabajadores ante temperaturas extremas y elogia el esfuerzo que está realizando la Inspección de Trabajo, así como las comunidades autónomas, para aplicar medidas de protección y prevención.

En otro orden de cosas, y como aspecto negativo, el informe resalta que en el año 2023 las principales quejas recibidas por el Defensor del Pueblo por retrasos en la tramitación y aprobación de prestaciones se refirieron a las prestaciones o subsidios por desempleo, correspondientes a la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo.

Según indicó el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el reconocimiento de las prestaciones y subsidios de este colectivo de artistas pasa por que o bien se aporten todos los certificados de empresa del mes anterior a la solicitud, además del correspondiente al mes de la solicitud, o bien que la Tesorería General de la Seguridad Social certifique los días cotizados, un trámite que el Defensor juzga que “genera una considerable demora”.