Los retrasos en procedimientos concretos de los tribunales españoles constituyen, dice el informe, un motivo habitual de queja ante el Defensor del Pueblo. Existen retrasos estructurales derivados de la insuficiencia de medios personales o a la deficiencia de la planta judicial, añade.

Las quejas por dilaciones en juzgados de lo Social son recurrentes y en especial aquellas que tiene que ver con el reconocimiento de incapacidad permanente, ya que no está previsto en la ley su carácter urgente o preferente. Sin embargo, debido a la situación de sobrecarga de los juzgados de lo Social, se están generando “situaciones dramáticas, que afectan a personas en situación de incapacidad física para trabajar, que se ven obligadas a acudir a la jurisdicción para declarar su situación de incapacidad laboral y que quedan en situación precaria durante el tiempo en el que se tarda en dictaminar su caso”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo, destaca que, incluso aquellas materias que deberían tener una tramitación rápida, como los despidos, se demoran en su celebración, causando graves perjuicios en la vida de las personas afectadas.

A lo largo del año 2023, se registraron centenares de quejas de ciudadanos por dilaciones judiciales, de las que un 60 % versaban sobre litigios en materia civil; alrededor de un 3 %, en la jurisdicción contencioso-administrativa; un 1 %, en la mercantil; un 17 %, en la penal, y un 19 % en la jurisdicción social.

El Informe destaca, entre otros muchos, el caso del Juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid con miles de cosos relacionados con productos bancarios que acumula retrasos para resolver y para cuyo desatasco, Justicia y el CGPJ creó otros dos nuevos juzgados con los que repartir las mas de 30.000 causas pendientes. Por su parte, la Comunidad de Madrid propuso implantar medidas de robotización en ese juzgado para reducir los plazos.

Recuerda el Defensor del Pueblo que en enero de 2023 se inició una huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que finalizó en el mes de marzo, y que fue seguida por otra de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia que finalizó en el mes de julio.

El Defensor del Pueblo inició entonces actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia para conocer las medidas que se iban a adoptar para gestionar de manera ágil y eficaz todos los procesos judiciales en curso que se habían visto suspendidos o afectados por estas huelgas.

Por su parte, el Ministerio respondió indicando que se había constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas con transferencias en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado a fin de determinar las medidas que permitiesen superar los problemas causados. El informe no menciona el resultado de esos trabajos.