Así lo dijo en su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde acudió a propuesta de la Mesa de la Comisión y a petición de los grupos parlamentarios Popular y Vox.

En el Congreso, el Defensor del Pueblo explicó que, tras haber recibido 279 escritos solicitando la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional y después de estudiar la norma en cuestión, decidió interponer recurso de inconstitucionalidad contra tres preceptos de la Ley 1/2025, de 1 de abril. A su juicio, los preceptos impugnados tienen un elemento común, “giran alrededor de la misma cuestión: la desactivación de la protección del lobo al excluirlo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), que le otorga el artículo 56 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”.

En este sentido, Gabilondo -que señaló que no es función del Defensor supervisar los informes técnicos sino a la Administración-, afirmó que "la disposición adicional octava y la disposición transitoria única no cumplen con el mandato derivado del artículo 45 de la Constitución de conciliar la actividad económica con la protección del medio ambiente, ponderando todos los valores constitucionales protegibles".

LOBO SÍ O NO

El Defensor insistió en que su recurso de inconstitucionalidad "no tiene como objetivo posicionarse ni a favor ni en contra de una mayor o menor protección del lobo en España, asunto, sin embargo, de enorme importancia" y afirmó que "la cuestión no es lobo sí o lobo no".

Gabilondo indicó, no obstante, que "para el éxito de las medidas dirigidas a la conservación del lobo" es necesario que haya un "apoyo que debe ser real integral y por lo que se refiere a los daños causados por los lobos, los ganaderos deben contar con compensaciones justas y rápidas. Las cantidades deben llegar a los afectados de manera ágil, sin incurrir en los plazos de hoy en día, que no son admisibles, y cubrir todos los daños que les provoque el lobo, es decir, cubrir la suma de los gastos generados por los ataques y no solo el mero valor del animal muerto o herido".

El Defensor planteó "mejoras como primas para desarrollar la actividad con presencia de lobos, el pago del lucro cesante o los costes añadidos, como por ejemplo, los gastos veterinarios, la disminución del rendimiento de los animales debido al ataque o el coste laboral de buscar o atender a los animales muertos o heridos. Habría además que regular debidamente la valoración económica de los animales, los varemos y la complejidad o eficiencia del proceso de verificación de los ataques", detalló.

20 MILLONES DE EUROS

Gabilondo, que defendió la trascendencia del lobo ibérico, puso en valor el fondo de "20 millones de euros anuales para la aplicación de medidas preventivas como mastines, pastores y cercados, y el pago de compensaciones por daños a la ganadería".

"Estos 20 millones se transfieren desde el Ministerio de Transición Ecológica a las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y son sin duda una apuesta presupuestaria de una dimensión considerable que no contaba con precedentes y que busca la coexistencia entre la especie y el sector ganadero", valoró.

"Esta institución considera esencial que se asegure y mejore la eficiencia, la agilidad y la transparencia en la aplicación de estos fondos, pues se trata de una inversión fundamental para que pueda funcionar un modelo de gestión que priorice la prevención e indemnización de los daños sobre la eliminación de ejemplares de lobos. Modelo que esta institución cree posible poner en marcha de forma eficaz y beneficiosa para el conjunto de la sociedad", aseveró.