Según los datos del Ministerio de Igualdad, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre del año pasado, 1.182 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Así se recoge en el informe anual de la actividad de la institución que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Aboga el informe por adoptar "todas las medidas que sean necesarias para facilitar el trámite de realización de la denuncia en los casos de violencia de género en todas las comisarías y dependencias policiales, incluyendo aquellas que sean necesarias para la formación específica de los funcionarios que recogen los testimonios de las víctimas en este tipo de casos. Se trata de que se les ofrezca un entorno y un tratamiento adecuado que inspire confianza y les ayude en la comunicación de los hechos, sin que se genere una doble victimización en la realización de estos trámites de la fase inicial de detección".

Considera el Defensor que "los medios materiales adecuados contribuyen a evitar la llamada 'segunda victimización'. Es necesaria no solo la separación de víctima y victimario en los juzgados, sino también que la víctima disponga de espacios dignos para hacer efectiva su declaración". Y pone como ejemplo el de una víctima de violencia de género que se quejó de que en un juzgado de Majadahonda (Madrid) "había debido esperar a la celebración del juicio para no coincidir con el agresor en un lugar manifiestamente inadecuado para tal propósito, acompañando incluso en la queja una fotografía.

En este asunto, el Defensor del Pueblo recomendó a la consejería competente de la Comunidad de Madrid que "adoptara un plan general para dotar, a todos los juzgados de la misma, de salas adecuadas para las víctimas y, en especial, para aquellas en situación de especial vulnerabilidad, como pueden ser los menores o víctimas de violencia de género, en las que se evite el contacto físico con los agresores durante cualquiera de las fases de celebración del juicio, y que dicho plan sea acompañado del presupuesto y de los recursos económicos necesarios, para que pueda ser puesto en marcha en el más breve tiempo posible".

En este sentido, también advierte al Poder Judicial de que se fije en "la complejidad de situaciones en las que concurren la violencia propiamente dicha, las crisis de pareja y la necesidad de atender a los menores afectados cuando los hubiera". Advierte también el informe de Gabilondo a la Comunidad Valenciana, a Cantabria, Madrid, Navarra y Andalucía sobre la mejora de los puntos de encuentro familiar.