Así lo expone el Defensor del Pueblo en su Informe anual de actividad en 2025, que Ángel Gabilondo entregó recientemente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El Defensor también alertó de que la violencia vicaria se agrava por la “fragmentación de un conflicto familiar entre juzgados”, lo que genera descoordinación entre jurisdicciones civiles y penales y, por ello, pidió mejoras legales para abordar el agravamiento de la violencia contra menores.

Del mismo modo, expuso dificultades para que profesionales claves -psicólogos, forenses, equipos psicosociales- reciban formación específica y homogénea, y recordó que el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria (en trámite) aborda la necesidad de “formación de los profesionales que intervienen con menores”.

El informe reitera que erradicar la violencia vicaria exige un “compromiso permanente del Estado y de la sociedad”, garantizando que las víctimas -menores y mujeres- sean “escuchadas, respetadas y atendidas”.

Igualmente, el informe señala que aún existen trabas para que los hijos sean reconocidos como víctimas de violencia vicaria y accedan a servicios, pues su acceso “queda condicionado al previo reconocimiento de la madre como víctima”.

El Defensor exigió también unificar el reconocimiento de víctimas y que los menores puedan ser acreditados directamente y sin demoras.