Así lo comunicó la institución este lunes en un mensaje en el que indicó que Gabilondo ha pedido que durante el período de vigencia del proceso de regularización de personas extranjeras -iniciado el 16 de abril y que finaliza el próximo 30 de junio- no se den órdenes de expulsión de ciudadanos y ciudadanas extranjeras que carezcan de antecedentes penales, cuando la expulsión se fundamente en su situación de estancia irregular.

El Defensor del Pueblo también ha recomendado a la DGP que, cuando la persona extranjera manifieste haber solicitado una autorización de residencia por arraigo extraordinario y aporte justificante de dicha solicitud, se compruebe la documentación aportada antes de iniciar una posible orden de expulsión. Así, se considera que se debería demorar la ejecución de la orden de expulsión hasta que no haya pronunciamiento sobre la solicitud de regularización presentada, explicaron desde el departamento de Gabilondo.

Según indicaron desde el Defensor del Pueblo, la institución ha formulado esta recomendación tras recibir quejas de personas extranjeras que, a pesar de haber solicitado la regularización, han sido detenidas o informadas de la ejecución de su expulsión. Se trata, generalmente, de personas que llevan tiempo residiendo en España y que han establecido vínculos acreditados de carácter social, laboral o familiar.

Ante estas quejas, el Defensor del Pueblo señaló que siempre que estas personas carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública, se debería evitar su expulsión.