"El pasado 25 de mayo la institución inició una actuación de oficio, que continúa abierta", indicó la institución en un comunicado.

Entonces, según la organización, se requirió información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, "para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada comunidad autónoma, así como, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos".

"Esta actuación general no impide que pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos", prosiguió el Defensor.

Según el equipo que dirige Ángel Gabilondo, "algunas comunidades autónomas como Asturias, Madrid, Extremadura y la Ciudad Autónoma de Melilla ya han hecho llegar a la institución los datos requeridos". "Esa documentación será estudiada conjuntamente con las del resto de las comunidades para la elaboración final de una resolución que, previsiblemente, contendrá las correspondientes recomendaciones a las administraciones competentes", zanjó la institución.