Según recoge el informe anual de 2021 del organismo dado a conocer este viernes, ha detectado un “nuevo problema” referido a la inversión en monedas virtuales o criptomonedas.

El informe relata que algunos ciudadanos han señalado que han invertido sus ahorros “atraídos por las fuertes revalorizaciones” y han terminado perdiendo todo lo invertido.

Al respecto, el Defensor del Pueblo ha informado a estos ciudadanos de que “en España no se ha aprobado, por el momento, ninguna norma sobre criptomonedas” y, por tanto, “las empresas o plataformas de intercambio de criptomonedas no se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico, no están sujetas a ningún sistema de supervisión pública, ni se acogen a sistemas de garantía de depósitos”.

El Defensor del Pueblo les ha remitido a un comunicado conjunto sobre este asunto, emitido el 8 de febrero de 2018, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

Por otra parte, el organismo destaca que la situación de algunos juzgados especializados en cláusulas suelo es “preocupante, a pesar de las medidas extraordinarias que se han acordado para su agilización”, como la autorización a efectos económicos, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de todas las peticiones de refuerzo recibidas a instancia de las distintas presidencias de los tribunales superiores de Justicia.

“Es significativo el caso del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid”, señala el informe, que indica que este juzgado cuenta con seis gestores, 24 tramitadores y seis auxilios judiciales. El tiempo de respuesta ha sido de 55,29 meses en el primer trimestre de 2021, muy superior a la media del partido judicial que se sitúa en 6,6 meses, y el 31 de marzo de 2021 se hallaban pendientes de resolver 66.932 procesos declarativos y 3.139 de ejecución.

El Defensor del Pueblo señala que la administración estatal y las autonómicas con competencias en Justicia “reconocen la existencia de un colapso en los juzgados que conocen este tipo de asuntos referentes a cláusulas suelo, y todas consideran que han hecho lo que se les ha pedido por parte del Consejo General del Poder Judicial en relación con el refuerzo de personal del juzgado, sin que con ello se haya solucionado el problema”

El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia que cree un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid, que tenga atribuido en exclusiva el conocimiento, a nivel provincial, de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Asimismo, ha sugerido al CGPJ que inicie, en coordinación con Justicia y las consejerías autonómicas, con competencias transferidas en materia de dotación y medios, un estudio sobre la oportunidad de modificar la competencia objetiva y funcional en las materias bancaria y financiera con multitud de afectados, de modo que “pueda mejorarse la garantía de los derechos fundamentales de carácter procesal de justiciables y testigos”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto en su informe anual que ha recibido “numerosas” quejas sobre la “insuficiencia” de los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras, como el Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A este respecto, el Defensor del Pueblo espera que se produzca una “mejora” con la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero.

También recoge los problemas de ciudadanos extranjeros para abrir o mantener cuentas bancarias debido a que no disponen aún de una tarjeta de identificación de extranjero (TIE). “En un contexto en que se aprecia una clara apuesta por el uso preferente —y a veces hasta exclusivo— de medios de pago digitales y de instrumentos de pago gestionados por entidades bancarias, hay que tener en cuenta las consecuencias de todo orden que tiene dificultar el acceso a la titularidad de una cuenta bancaria”, destaca el informe.

En materia de seguros, el organismo que preside Ángel Gabilondo detecta quejas, como en años anteriores, sobre las demoras en resolver las reclamaciones por parte del servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Otro motivo de quejas es la falta de ejecutividad de las resoluciones de ese servicio de reclamaciones.