En concreto, la institución ha solicitado información al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a los gobierno de las comunidades y ciudades autónomas, y a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria.

El objetivo, según informó el Defensor del Pueblo, es saber cuáles son las medidas y/o planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha preguntado concretamente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del que es titular Isabel Rodríguez, "sobre el contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda". Gabilondo también quiere saber qué avances hay en relación con "la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada, y el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de vivienda anunciados".

Del mismo modo, la institución ha solicitado al Ministerio información sobre "cualesquiera otros instrumentos que haya puesto en marcha o vaya a adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada".

RETRASOS EN LA GESTIÓN DE AYUDAS

El acceso a la vivienda es uno de los asuntos que han sido objeto "de especial consideración" para Gabilondo. Y así ha quedado reflejado en los últimos informes anuales publicados por la institución, donde se explicitaba que este tema es "un problema grave" en España "debido a los altos precios".

En sus informes, el Defensor ha puesto el foco sobre los "retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública”. Motivos por los que la institución ha decidido poner en marcha esta actuación para requerir información a las administraciones.

En concreto, Ángel Gabilondo quiere saber el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en cada territorio; el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada; las medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada; si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda; las medidas previstas para regular y en su caso limitar las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las medidas dirigidas a ayudar al pago de los alquileres.

A juicio del Defensor del Pueblo, las dificultades para acceder a una vivienda "ahondan la desigualdad" entre los ciudadanos y "condicionan su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos". Y recordó que "el acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad".

VIVIENDA SOCIAL

Según Ángel Gabilondo, “parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil”.

Se da la circunstancia de que "España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social", detalló la institución. Según los datos de 2024 recogidos por el Observatorio de Vivienda y Suelo, elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), las viviendas protegidas solo representan el 3,3% del conjunto de hogares de España, mientras que en Países Bajos representan el 29% y en Francia 17%. La media europea se sitúa en el 10%.

La situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes, pero es más intensa en aquellos territorios con más población y receptores de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados, y a las personas y unidades familiares con ingresos medios.