El Defensor no observa un aumento “significativo” en el número de quejas sobre esta cuestión, pero “incrementó la gravedad de éstas” en 2023, según enuncia el informe.

Por ello, la institución valora como “positivo” el trabajo de los agentes educativos, pero insiste en “la necesidad de revisar la efectividad de las acciones preventivas”.

Además, el Defensor del Pueblo recordó que “ley establece que corresponde a las comunidades autónomas establecer los requisitos y funciones que debe desempeñar el coordinador y los criterios para su designación”.

Así, el informe señala que “la falta de concreción en la regulación estatal provocó que las comunidades apliquen criterios muy dispares en la implantación de dicha figura, en muchos casos sin definir el perfil y sin una suficiente formación habilitante”.

Del mismo modo, a juicio del Defensor, la creación de esta figura “quedará limitada al papel, si el docente designado no dispone de tiempo en su horario ni de formación especializada”, y dijo que es “imprescindible” que la figura del coordinador de bienestar y protección se erija como “elemento de cohesión” entre todos los agentes del proceso educativo.

También, el Defensor consideró “adecuadas” las medidas normativas, pero recordó que para encarar las situaciones de violencia es “necesaria” la colaboración de los docentes y de las familias.

EDUCACIÓN INFANTIL

En relación con la educación infantil, el Defensor del Pueblo dedujo que es “necesaria” la gratuidad del primer ciclo de educación infantil.

En la rueda de prensa de presentación del informe, Gabilondo argumentó que la escolarización en estos primeros años “repercute en unos mejores resultados en años posteriores, ayuda a reconocer necesidades específicas, y supone la eliminación de obstáculos para la conciliación y la incorporación de la mujer al trabajo”.

Por ello, el Defensor recomendó a las instituciones una oferta “suficiente” de plazas públicas y la articulación de las medidas “necesarias” para asegurar que el acceso a esta enseñanza “garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a esta etapa educativa”, explicó Gabilondo.

Igualmente, el Defensor continuará "prestando especial atención” a las medidas que adopten las administraciones competentes para avanzar en la universalidad y la gratuidad en este ciclo formativo, según describe el informe.

Por otro lado, la institución en el análisis recuerda que “la actual Ley de Educación reforzó el carácter educativo de la Educación Infantil y establece que se debe incrementar la oferta de plazas públicas de este ciclo”.

En este sentido, el Defensor consideró que las administraciones educativas “deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio español y la gratuidad para el alumnado en condiciones socioeconómicas desfavorables”.